3 de julio de 2020
Lula durante el lanzamiento del libro “Lawfare: Una Introducción”, cuyos autores son los abogados Cristiano Zanin Martins, Valeska Teixeira Zanin Martins y Rafael Valim.

El abogado del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, fue el invitado de UOL Entrevista este viernes (3) por la mañana.

Durante la charla con los periodistas Leonardo Sakamoto y Vinicius Konchinski, Zanin habló sobre las revelaciones de que hubo una colaboración ilegal de los fiscales de la operación Lava Jato (Autolavado) con el FBI, y del proceso disciplinario en contra del coordinador de la operación, el fiscal Deltan Dallagnol, además de la conducta parcial del entonces juez Sergio Moro, en los procesos contra Lula.

En esta semana, la Agência Pública informó que el FBI y la Lava Jato han cooperado ilegalmente por lo menos desde 2015. “Esta revelación es muy grave, pero también no es una novedad”, comentó Zanin, al recordar que la defensa del ex presidente ya había presentado un video en lo cual un fiscal estadounidense admitió haber ayudado sus pares en Brasil a construir los casos contra Lula. “Es una interferencia ilegal de los EE.UU en la justicia brasileña, que tuvo reflejos profundos, no solo en los procesos en contra del presidente sino también en la propia democracia brasileña”, él añade.

La colaboración por fuera de la ley representa una ilegalidad más practicada por los fiscales de la operación, cuya conducta ha sido señalada por tener motivaciones políticas.

El abogado explica que tanto jueces como fiscales deben tener una conducta imparcial en el proceso legal, lo que no ocurre en la operación Lava Jato.

En 2016, el coordinador de la fuerza-tarea de la operación, el fiscal Deltan Dallagnol, presentó un Power Point en el cual él culpaba a Lula de ser el comandante máximo de una red de corrupción, aunque sin contar con cualquier tipo de evidencia. “No me pidan pruebas, tengo convicción”, afirmó Dallagnol en aquél entonces.

Según la defensa de Lula, el espectáculo del fiscal perjudicó la garantía de la presunción de inocencia del ex presidente.

La presentación del Power Point es objeto de un proceso disciplinario en contra del fiscal, que debe ser juzgado el próximo martes (7) en el Consejo Nacional del Ministerio Público, y también da fundamento a otro proceso que juzga la parcialidad de los fiscales, y éste último actualmente está en trámite en la Corte Suprema de Brasil.

En entrevista para El País, al comienzo de esta semana, Cristiano Zanin también citó el proceso para juzgar la parcialidad del ex juez Sergio Moro. Un habeas corpus fue presentado en 2018 y debe ser juzgado hasta septiembre este año.

“Desde el primer momento, argumentamos que el ex juez Sergio Moro no tenía la imparcialidad necesaria para juzgar al ex presidente Lula, que Moro era, en verdad, un adversario, y practicaba lawfare contra el ex presidente. Todo lo que decíamos sobre una alianza indebida entre el juez y el fiscal, sobre ataques a la defensa (de Lula) y sobre actos ilegales, quedó aun más explícito con la Vaza Jato”, dijo el abogado al El País.

La Vaza Jato es una serie de reportajes investigativos publicadas desde junio del año pasado por The Intercept Brasil y sus asociados. La serie es basada en archivos de conversaciones filtradas de Telegram entre agentes públicos a cargo de la operación Lava Jato; los fiscales exponen la acción conjunta entre la fiscalía y el juez en los procesos contra el ex presidente.

Zanin explicó a El País que el objetivo de la defensa es que la Corte Suprema brasileña reconozca la parcialidad de Moro y anule no solo el juicio del tríplex, directamente vinculado con el habeas corpus, sino también los otros dos juicios de Lava Jato de Curitiba, que fueron conducidos por el ex juez.

“En los tres procesos hubo una acción determinante del entonces juez Sergio Moro. En nuestra opinión, un eventual reconocimiento de la parcialidad debería llevar al reconocimiento de la nulidad de los tres juicios originarios de Curitiba, para que vuelvan al comienzo y un juez imparcial pueda examinar las tesis de defensa que presentamos, incluso la invalidez de la jurisdicción de Curitiba para juzgar esos casos.”

La anulación de los juicios restablece los derechos políticos de Lula, indebidamente revocados por Lava Jato tras la condena por ‘hecho indeterminado’ en el caso tríplex de Guarujá. A la condena se siguió el encarcelamiento de Lula el abril 2018.

“El presidente quedó arrestado por 580 días, siendo que este encarcelamiento fue basado en una interpretación sobre la posibilidad de ejecución anticipada de la condena, absolutamente contraria a nuestra Constitución. [El encarcelamiento de Lula] no puede ser normalizado porque pone en evidencia un momento de autoritarismo elevado en el país y la falta de respeto por el Estado de Derecho. Nuestro objetivo es efectivamente buscar un juicio justo e imparcial para el presidente Lula, que pasa por el reconocimiento de la parcialidad del ex juez Sergio Moro”, explica.

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Revisión: Cristina Gomes